El silencio administrativo es el hecho de que la Administración Pública no responda a la solicitud de un ciudadano. Por Administración Pública entendemos cualquier organismo como un ayuntamiento, el gobierno de una comunidad autónoma o cualquier agencia estatal, por ejemplo.
En ocasiones, la ley establece que el silencio administrativo es positivo, esto es, que se concede lo que el ciudadano ha solicitado. Sin embargo, también puede ser negativo, lo que puede dar lugar a que el ciudadano no sea notificado del plazo para recurrir. El sentido del silencio administrativo está regulado en el artículo 24 de la Ley 39/2015.
¿Cuándo es positivo el silencio administrativo?
Según la norma general, el silencio administrativo es positivo en los procedimientos iniciados por instancia de una parte del proceso, excepto cuando:
- Ampare la transferencia de facultades sobre bienes de dominio público ni sobre servicios públicos
- Reconozca exnovo derechos o pretensiones que carezcan de un reconocimiento legal previo.
- Reconozca facultades y derechos a quienes carecen de los presupuestos esenciales para ostentarlos
- Resuelva favorablemente los recursos administrativos o reclamaciones.
En todos estos casos, no se podrá aplicar el silencio administrativo positivo.
Por otro lado, en los procedimientos iniciados de oficio, el silencio administrativo será siempre negativo.
Además, hay que tener en cuenta que las administraciones deben informar de si será positivo o negativo a la hora de iniciar el trámite, ya que hay multitud de normas que limitan la norma general.
Protección de datos
¿Por qué es importante el silencio administrativo en materia de protección de datos? Porque la Agencia Española de Protección de Datos –que es una administración pública- sí contempla el silencio positivo. De modo que si iniciamos un procedimiento en la Agencia –como una tutela de derechos, por ejemplo- y no recibimos una contestación en el plazo establecido de 6 meses, se considera que la Agencia ha estimado la solicitud.
Cuando la Agencia Española de Protección de Datos estima la resolución de una tutela de forma positiva, el responsable del fichero debe hacer efectivo el ejercicio de derechos solicitado. De este modo, el silencio administrativo es una extraordinaria baza que se puede jugar a la hora de proteger nuestros datos.
¿Qué podemos hacer si el silencio administrativo nos es favorable?
El problema del silencio administrativo es que realmente no nos ofrece un documento que resuelve a nuestro favor, sino que esta resolución se sobreentiende. En estos casos, la ley establece que el ciudadano puede pedir un certificado de silencio administrativo si la propia administración no lo ha expedido en el plazo de 15.
Si no nos conceden este certificado, hay dos opciones. Por un lado esperar a que finalmente la administración resuelva a nuestro favor, o bien acudir a la vía judicial, en el caso de que el acto requiera de ejecución por parte de la Administración.
El silencio administrativo puede jugar a nuestro favor en determinados casos, pero es importante saber valorarlo y contar con profesionales que puedan dar un asesoramiento específico para esta situación.
